Comisi贸n para los Derechos Humanos del Estado Zulia

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Codhez exige investigar homicidios cometidos por funcionarios en el curso de operaciones de seguridad

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Diciembre 25, 2019

El pasado 23 de octubre, el secretario de Gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, en declaraciones a los medios de comunicaci贸n, afirm贸 que han registrado la muerte de m谩s de 100 personas cada semana en lo que va de octubre durante supuestos enfrentamientos con funcionarios de seguridad del Estado.

聯Yo reviso todos los lunes m谩s de 104 abatidos que se confrontaron con la autoridad y, como lo dijo el Mayor General, su destino o es rendirse, la c谩rcel o el cementerio. Eran de primer nivel de la mafia y seguimos聰, manifest贸 la autoridad regional en declaraciones recogidas por los medios de comunicaci贸n.

La Comisi贸n para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) en su bolet铆n de junio de 2019, alert贸 que durante el primer semestre de 2019 se hab铆a registrado la muerte de, al menos, 239 personas en hechos violentos con intervenci贸n policial en todo el Zulia. Hasta la 煤ltima semana de septiembre, de acuerdo con Codhez, este n煤mero ha aumentado a 485.

Esta cifra solo cuenta los casos que han sido publicados por medios de comunicaci贸n regionales, pero considerando las declaraciones ofrecidas por Lisandro Cabello, la cantidad de muertes puede ser mucho m谩s alta. De hecho, el dato oficial se traducir铆a en una tasa de 100 homicidios causados por fuerzas de seguridad del Estado por cada 100.000 habitantes.

En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y de acuerdo a datos del propio Gobierno venezolano, se documentan que durante los primeros cinco meses de 2019 se registr贸 la muerte de al menos 1.560 personas en el pa铆s atribuidas a abusos de las fuerzas de seguridad.

El informe resalta que para 2018, 聯el Gobierno registr贸 5.287 muertes violentas en esa categor铆a聰, mientras que las cifras de las organizaciones no gubernamentales registraban m谩s de 7 mil muertes violentas en esta categor铆a. Seg煤n la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, 聯existen motivos razonables para creer que muchas de estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular por el comando policial de las FAES聰.

De acuerdo a la pol铆tica gubernamental, estas operaciones de fuerzas de seguridad est谩n justificadas en la necesidad de disminuir la delincuencia en el pa铆s, y en particular, las tasas por el delito de homicidio. Sin embargo, las muertes violentas en el pa铆s siguen increment谩ndose.

Seg煤n el Estudio Mundial sobre el Homicidio de las Naciones Unidas, Venezuela fue en 2017 el pa铆s de Sudam茅rica con los niveles m谩s altos de muertes violentas, al registrar 56,8 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, una tasa 16 veces superior a la del pa铆s de Am茅rica con la tasa m谩s baja (Chile, 3,5 homicidios por cada 100.000 habitantes).

Particularmente en el Zulia, desde 2018 se desarroll贸 una pol铆tica que sigui贸 la estructura y el discurso de la Operaci贸n de Liberaci贸n y Protecci贸n del Pueblo. Es decir, con justificaci贸n en las graves circunstancias de inseguridad ciudadana, se tomaron acciones consistentes en allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Codhez reitera que el Estado venezolano debe dar cumplimiento a sus obligaciones de prevenci贸n, investigaci贸n, sanci贸n y reparaci贸n integral a las personas v铆ctimas de violaciones a los derechos humanos. Tomando en consideraci贸n el establecimiento de la Misi贸n de Determinaci贸n de Hechos por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se debe realizar una investigaci贸n a fondo de los homicidios cometidos por funcionarios en el curso de operaciones de seguridad, que siguen increment谩ndose en el Zulia.

En este sentido, Codhez exhorta que se deben cumplir las recomendaciones de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos relativas al cese y prevenci贸n de los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado, la disoluci贸n de las FAES y el castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

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