Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia

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«Sin Estado de Derecho, estamos ante un megaestado que tiene la espada y la balanza de su lado»

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Codhez

Julio 06, 2019

 

«#AquíNoSeHablaMalDeChavez. #NoSeHablaMalDelPrimerPresidenteFeminista».

Estas frases estaban escritas en el cartel de uno de los tribunales del Circuito Judicial con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Zulia. 

De acuerdo a los artículos 254 y 256 de la Constitución Nacional, el poder judicial debe ser independiente, imparcial y autónomo en el ejercicio de sus funciones. Pero allí estaba ese cartel, que comprometía seriamente la imagen del Poder Judicial como poder público independiente del Poder Ejecutivo. 

Si bien muchos abogados iban al tribunal, pasaban frente al cartel, lo leían y conocían la implicación de su existencia, no fue hasta que Wilmer González Colina decidió tomar medidas al respecto. Había que removerlo. 

«Los tribunales y sus funcionarios deben ser independientes y no deben hacer proselitismo político (…) Por eso, en modo de protesta, decidí hacer un escrito en contra de proselitismo dentro del tribunal», nos comenta el joven abogado. Era el año 2017 y para ese entonces contaba con dos años de graduado de la Universidad Rafael Urdaneta. 

Desde un principio, supo que debía encontrar más aliados que se sumaran a su reclamo individual en favor de la independencia de los juzgados. Por eso, organizaciones no gubernamentales como la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Foro Penal venezolano y el Colegio de Abogados del Estado Zulia, lo acompañaron en la formulación de una Delación por Interferencia de Funciones Jurisdiccionales. 

La solicitud tenía escrito en su primera página, en mayúsculas y letras rojas: 'urgente y grave'. Aparte de la remoción del cartel, la delación demandaba el inicio de un procedimiento disciplinario en contra de todo el circuito para determinar cuál funcionario había fijado el cartel que promovía el proselitismo político en favor de una de las figuras del gobierno. 

La ley venezolana es bastante clara al respecto. No hay otra interpretación posible. El poder Ejecutivo no debe influenciar en el Poder Judicial y para la preservación del Estado de Derecho debe imperar la independencia y separación de poderes. 

Al día siguiente de la introducción del escrito, el cartel ya no existía. 

«Una denuncia bien hecha y bien argumentada, con los actores pertinentes si puede dar resultado», afirma el joven abogado.«En este primer contacto con Codhez, Foro Penal y el Colegio de Abogados me di cuenta que la unión de la sociedad civil en la defensa de los derechos sí puede tener resultado»

Nuestro defensor de mes destaca la importancia del Poder Judicial como la única herramienta que tiene el individuo para dirimir conflictos en contra del Estado. Si no se cuenta con un poder judicial independiente, el ciudadano queda indefenso ante cualquier poder estatal. 

«Si no hay independencia y separación de poderes no existe el Estado de Derecho. Es un megaestado que tiene la balanza y la espada de su lado, deja al ciudadano desprotegido y a la merced de cualquier decisión que pueda afectarlo»

 

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Motivado por los sucesos ocurridos en las protestas de 2014 y la realización de una ciudadanía huérfana y desprotegida ante la maquinaria de represión del Estado, desde los inicios de su carrera decidió formar parte del voluntariado de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles y políticos. 

Como parte del equipo de defensa de Codhez, Wilmer González trabaja en conjunto con Lorena Arcaya y Lisseth Mogollón, también abogadas de la organización, para asistir legalmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En su experiencia como defensor, se ha dado cuenta que luchar contra el aparato del Estado para conseguir justicia no es fácil.

En uno de los casos llevados por la organización, el equipo de defensa tuvo que esperar la celebración de una audiencia preliminar por casi un año. La audiencia fue diferida en siete oportunidades durante el 2018 y no fue hasta febrero del presente año, que se decidió la apertura del juicio de 8 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana acusados de la violación y trato cruel, inhumano y degradante en contra de un joven estudiante detenido arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones de 2017.

«En este caso se ha evidenciado la negligencia del Estado con la víctima (...) A mi criterio es la mayor violación a los derechos humanos porque el Estado está en conocimiento de todos sus padecimientos»

Para el joven abogado, este es un caso que puede generar precedentes necesarios para la investigación, sanción y prevención del delito de tortura en Venezuela e incluso en Latinoamérica. Pero desde el Estado pareciera que fuera un simple enjuiciamiento de funcionarios y no un caso de múltiples violaciones a los derechos humanos. 

«El Estado debe tener el compromiso para encontrar la verdad, develar el sistema represor, señalar la cadena de mando y reparar a la víctima. Cumplir con todos estos pasos es necesario para que erradicar el delito de tortura en nuestro país y garantizar la justicia».

 

- Prensa Codhez

 

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